Desde luego, si algo no se puede negar de la nueva ley orgánica de educación es su carácter polémico. Es polémica, por un lado, por las diferentes declaraciones que se han hecho sobre ella (tanto desde el gobierno como desde la oposición, sindicatos y asociaciones) y por las interpretaciones que, desde los medios de comunicación, han llegado a los ciudadanos (por ejemplo: http://list.ly/5Ld); pero, por otro lado, es necesariamente polémica por el contexto en el que se enmarca: la crisis. Resulta difícil disociar la LOMCE de la crisis cuando ya en el primer párrafo de la ley se afirma: La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.

El objetivo de este artículo es exponer los argumentos de la LOMCE y los contraargumentos presentados, desde tres perspectivas: en primer lugar, desde la propia LOMCE y las razones que la justifican, expuestas por el ministro de educación José Ignacio Wert, ya que él ha sido y es el principal impulsor de esta reforma y el portavoz del gobierno en materia de educación; en segundo lugar, desde las reprobaciones de los miembros de la oposición, puesto que constituyen la segunda fuerza política de nuestro país; y en tercer y último lugar, desde las aportaciones de la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública, formada por docentes, discentes, pedagogos y otras personas relacionadas cuya labor consiste en velar por la calidad del sistema público de enseñanza en todos sus niveles promoviendo acciones y posibles soluciones. En consecuencia, este artículo pretende ser una exposición neutral de los datos recogidos desde esas tres perspectivas.

 

El porqué de esta reforma educativa (aquí), como anunciábamos en el primer párrafo, reside en la importancia de la mejora de la calidad educativa para poder superar, de algún modo, la crisis actual. De acuerdo con esto, como expuso el ministro de cultura José Ignacio Wert en el Congreso de los Diputados (octubre de 2012) así como en distintas declaraciones a los medios (http://youtu.be/0k5aF5Jy33c), los principales argumentos de la LOMCE, que desarrollaremos después, podrían resumirse en los siguientes:

  1. Es una reforma competitiva,
  2. es una reforma igualitaria,
  3. y es una reforma consensuada

(Para tener una idea sobre los objetivos principales pueden consultar en este documento las páginas 5 y 6)

 

Con este propósito la LOMCE pretende, según Wert, que en definitiva haga de nuestra educación un motor del crecimiento inteligente, del crecimiento sostenible y del crecimiento intelectual. Sin embargo, para la oposición y para las asociaciones y sindicatos, estos objetivos no son tan transparentes ni positivos como se garantiza desde el gobierno. Tanto la oposición como las asociaciones y sindicatos tachan la LOMCE de antidemocrática, de segregadora y excluyente y de mercantilista.

 

En primer lugar, la LOMCE se define como una reforma competitiva ya que favorece la mejora general del rendimiento escolar, que se traduciría (…) en la mejora de nuestros resultados en PISA. Para ello proponen la implantación de pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa. Asimismo, promueve la empleabilidad: la reducción del abandono escolar temprano (…) traerá consigo una mayor empleabilidad de nuestros estudiantes, esa mayor empleabilidad de nuestros estudiantes contribuirá a la reducción del exagerado paro juvenil que en este momento padecemos. Y además, apoya el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

No obstante, frente a esta visión de la LOMCE como una reforma competitiva, la oposición y la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública ven la reforma como mercantilista.

La base para contraargumentar que se trata de una reforma mercantilista la encontrarán las voces en contra en, precisamente, el primer párrafo de la reforma que nombrábamos al principio de este artículo: La educación es el motor que promueve la competitividad de la economíaA este propósito, desde la oposición Tapia Otaegi (PNV) coincide con el objetivo de la LOMCE de la búsqueda de la calidad y la excelencia, pero disiente en el modo de llevarlo a cabo: resulta que bajo ese concepto, escudándose en él, lo que hace es reducir y recortar las becas y permitir el aumento del número de alumnos por clase, sin introducir ningún tipo de medidas adicionales para atender necesidades especiales en el aula, atender la diversidad que se produce y, en definitiva, conseguir la igualdad de oportunidades para todos esos alumnos y alumnas que hay en clase. A propósito de los objetivos, en concreto al de la mejora de nuestros resultados en PISA, Valenciano Martínez-Orozco (PSOE) objeta que el nivel educativo de un país no se mide por los cientos de alumnos excelentes, sino por los millones de alumnos y alumnas que están preparados para afrontar la vida.

 

Ciudadan@s por la Educación Pública arguye que reducir el sistema educativo a la capacitación laboral de las nuevas generaciones es olvidar su función primordial en la formación integral de las personas y en la construcción de una sociedad culta y democrática. Explican que la reforma es mercantilista y utilitarista porque se entiende como un factor dependiente de los procesos económicos y que debe enfocarse a sus resultados. Además, en cuanto al fomento de las TIC, critican que el uso de las TIC se limite (…) a la “disminución de costes de apoyos y refuerzos” y “el desarrollo de una enseñanza individualizada” renunciando a las enormes posibilidades colaborativas que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen.

 

En definitiva, se observan dos líneas argumentativas: por un lado, desde el gobierno se presentan los argumentos <+competitividad, +empleabilidad> y <+rendimiento académico, +competitividad>; por otro lado, tanto desde la oposición como desde la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública el contraargumento que utilizan es <+competitividad, +mercantilismo>.

 

En segundo lugar, la LOMCE se define como una reforma igualitaria. Una reforma que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad (Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Igualmente se compromete con una educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia social. Y enriquece la educación mediante la especialización curricular, funcional o por tipología de los alumnos, que supone una atención individualizada según perfil en ESO; En definitiva, es igualitaria porque se basa en la igualdad de oportunidades, que permita a todos acceder a una educación de calidad y obtener las capacidades y conocimientos básicos para obtener un empleo, y motive a continuar los estudios más allá de la etapa obligatoria.

 

Sin embargo, a la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública y a la oposición, en lugar de igualitaria, esta reforma les parece segregadora y excluyente.

 

La LOMCE promueve la implantación de pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa. Estas pruebas, serán en algunos casos hitos determinantes para la progresión en el sistema educativo. (…) Las pruebas deberán ser realizadas por las respectivas Administraciones educativas en el centro educativo en el que el alumno curse estudios, y aplicadas y calificadas por especialistas externos al centro. Estas pruebas, conocidas como reválidas, orientarán la evolución del alumno y serán realizadas periódicamente en puntos críticos de cada etapa educativa.

 

Ciudadan@s por la Educación Pública se posiciona totalmente en contra de esta medida alegando que la reválida se convierte en método obsesivo de clasificación, etiquetaje y encasillamiento del alumnado, al tiempo que un mecanismo de control del currículo. Y que, además, la Administración se lava las manos de su responsabilidad en los resultados de dichas evaluaciones culpabilizando de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los centros: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes) y no del “input” (niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”

 

Por otra parte, añaden: La apuesta de la LOMCE por la segregación llega a cotas alarmantes cuando afirma que “el proyecto educativo de calidad podrá suponer la especialización de los centros (…) por tipología del alumnado” y explican que la LOMCE entiende (…) la educación como un espacio en el que se manifiestan y subrayan las diferencias y oportunidades sociales, en lugar de asumir su irrenunciable papel integrador.

 

A este respecto, desde la oposición, coinciden de nuevo con la posición de Ciudadan@s por la Educación Pública: pero es que además nos ha anunciado también que tiene la intención de subvencionar colegios privados para que separen a los alumnos por razón de lengua. ¿Cómo se le ocurre plantear semejante barbaridad señor Ministro? (Vallés Vives, PSC).

 

Por consiguiente, los argumentos del gobierno serían <+igualdad, +calidad> y <+igualdad, +especialización>, mientras que los contraargumentos de las voces opuestas serían <-igualdad, +segregación> y <-igualdad, +exclusión>.

 

En tercer lugar, en el propio proyecto de ley se confirma que esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa (…) que busca el consenso, enriquecido con todas las aportaciones de toda la comunidad educativa. Asimismo, de acuerdo con la LOMCE, los papeles que jugará la comunidad educativa estarán organizados de la siguiente manera:

  • En cuanto a los directores de centros: La reforma contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de los centros, confiriendo a los directores de centros, cuya profesionalización se refuerza a través de un sistema de certificación, la oportunidad de ejercer un liderazgo que en este momento se encuentra seriamente restringido.
  • En cuanto a los profesores: La dignificación de la profesión de los docentes es imprescindible para la mejora de la educación. Y el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y los requisitos de titulación, formación o experiencia para que, durante los cinco años siguientes a la fecha de la entrada en vigor de esta ley orgánica, las Administraciones educativas, por necesidades de servicio o funcionales, puedan asignar el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general, al personal funcionario perteneciente a alguno de los cuerpos docentes recogidos en la disposición adicional séptima de esta ley orgánica.
  • En cuanto al consejo escolar: El Consejo Escolar del Estado se concibe como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.

 

La percepción por parte de la oposición (cuyas declaraciones pueden consultarse aquí), es bien distinta; mientras que para el gobierno se trata de una reforma consensuada, para la oposición es absolutamente antidemocrática: ¿Ha pedido la opinión de los padres, de los maestros, de los alumnos? ¿Le importa la opinión de toda esa gente o no le importa? (Bosch I Pascual, ERC). La percepción de la oposición del proceso de implantación de la ley es la de que su propia concepción es antidemocrática en el sentido de que no se ha tenido en cuenta, según ellos, a los distintos partidos políticos ni a la comunidad educativa. La acusan, en definitiva, de ser una reforma de la Ley Orgánica de Educación a golpe de mayoría absoluta (Tardà I Coma, ERC). Además aseguran, en torno al objetivo: refuerzo de la autonomía de los centros y también de las competencias de las administraciones educativas que, lo que pretende, escudándose en la mejora del rendimiento educativo, es recentralizar todas esas competencias y atraerlas para el Estado (Tapia Otaegi, PNV).

 

Asimismo, desde la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública, coinciden con las acusaciones de la oposición y exponen (aquí), por los mismos motivos que la oposición, que la ley es antidemocrática:

  • En el proceso de elaboración de la ley  (de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las Comunidades Autónomas);
  • En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la Administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos.

En cuanto al primer punto defienden que ha de abrirse un proceso de diálogo sosegado y profundo con la comunidad educativa y que ese proceso, sencillamente, no se está produciendo. En cuanto al segundo punto, afirman que lo que el anteproyecto denomina “autonomía de centros” (…) no es sino la eliminación de su funcionamiento democrático. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas, mientras que las decisorias pasan a ser competencia exclusiva de la dirección y que además, dicha dirección pasa a tener poder absoluto en la toma de decisiones pedagógicamente relevantes , así como en “la gestión de personal y económica de los centros”.

 

Por lo tanto, los argumentos que presenta el gobierno serían <+consensuada, + abierta> y <+consensuada, + sincera>, mientras que el contraargumento de los oponentes sería <-consensuada, + antidemocrática>.

 

Tras concentrar las distintas voces en torno a la sensacionalista LOMCE y obtener una perspectiva panorámica, solo queda esperar, esperar y observar si su puesta en práctica se orienta hacia una dirección u otra.

 

 

Desiré Jareño Albert

 



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