Basta con observar nuestra realidad con un mínimo de curiosidad para darse cuenta de que una de las tantas consecuencias de las crisis es el salto a la arena de ciertos conflictos sociales que, a menudo, generan verdaderas contiendas lingüísticas. Aunque sea lingüístico, estamos hablando de un verdadero combate, así que se hacen necesarios dos bandos confrontados que, además, estén armados de pies a cabeza. Uno de los bandos nace del malestar social habitual en época de crisis, manifiesto en la desconfianza hacia aquellos a quienes se suele culpar de la situación y en el sentimiento de colectividad por parte de los que la padecen. Ante este panorama, la sociedad molesta se arma de grupos y de movimientos sociales. Por supuesto, la reacción de los señalados como culpables había de llegar. Este es el otro bando, el que empuña como principal arma la Retórica. La selección de un arma como esta ya nos da cuenta de los objetivos: la persuasión. La pregunta es: ¿persuadir de qué?

 

Este panorama de conflicto lingüístico que acabamos de exponer sintetiza una de las situaciones que vivimos hoy como consecuencia de la actual crisis. En esta entrada, expondremos el caso de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y, concretamente, trataremos el ya celebérrimo fenómeno del escrache, por ser la principal diana de todas las flechas retóricas de los adversarios. El objetivo que perseguimos es observar los argumentos que se emplean contra este fenómeno con el fin de convencer de que no puede concebirse en una sociedad democrática como la nuestra.

 

Uno de los argumentos fundamentales que se dirigen contra el escrache es aquel que pone de relieve su carácter violento. Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso, lo formula perfectamente: “un escrache es acoso y los acosos son violentos” http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/01/espana/1367405157.html.

Hernando elabora el argumento basándose en una deducción lógica que nos lleva a la conclusión implícita de que el escrache es violento:

 

a) un escrache es acoso

b) los acosos son violentos

Por tanto: c) el escrache es violento.

 

Sin embargo, para llegar a una conclusión a partir de una deducción, es necesario dar por verdaderas todas las premisas. Fundéu define los escraches como “manifestaciones que se convocan frente al domicilio o lugar de trabajo de personajes públicos para reprobar su comportamiento en determinados asuntos políticos o sociales”. Si nos atenemos a la definición, el rasgo [+acoso] no parece ser propio del concepto escrache, por lo que la premisa de la que partía el portavoz –“un escrache es acoso”–, en principio, no puede ser considerada como verdadera. De esta forma, la conclusión a la que se llega no es válida lingüísticamente; la violencia no forma parte de la definición léxica del término escrache.

 

El SUP (Sindicato Unificado de Policía) parece estar de acuerdo: “en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso” (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/policia-pide-los-agentes-que-usen-palabra-escrache-2370749). Precisamente por esto, no deja de ser llamativo el hecho de que la policía haya ordenado que  se deje de emplear el término escrache:

 

En todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, dejará de utilizarse el término ‘escrache’. (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/policia-pide-los-agentes-que-usen-palabra-escrache-2370749).

 

El objetivo es que este término sea sustituido por “la acepción castellana correspondiente”. La propia policía propone acepciones como “acoso, amenazas o coacciones”. Resulta algo paradójico, porque escrache y acoso no son sinónimos. Emplear, como sustituto de escrache, el término acoso supone añadir a la realidad una carga significativa muy distinta.

 

En cualquier caso, atribuirle esa carga semántica de violencia al término escrache es una tendencia generalizada. De hecho, algunos incluso dan un paso más y lo utilizan como premisa presupuesta para elaborar su argumento. En palabras de Cospedal:

 

Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus familias, a sus viviendas; eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario, y eso es lo más contrario que hay a la democracia.

(http://videos.lavanguardia.com/20130413/54372355085/cospedal-califica-los-escraches-de-nazismo-puro.html)

 

Cospedal, en estas declaraciones, acepta como presupuesto que el escrache es violento y lo toma como premisa. Esta, junto a la premisa implícita de que la violencia es totalitarismo, nos permite llegar a la conclusión final de que el escrache es totalitario y, por tanto, antidemocrático. El problema es que, en Retórica, verdad es únicamente aquello que no se discute y, como se ha comentado anteriormente, que escrache signifique violencia es discutible, al menos desde el punto de vista lingüístico.

 

Eva Durán también ha apelado al carácter antidemocrático del “traslado de las protestas a la puertas de las casas de diputados”: “no se puede hacer, estamos en un Estado de derecho democrático”

(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/05/madrid/1365164740_566932.html)

 

Esta premisa nos lleva a la conclusión implícita de que el escrache no es entendido como un fenómeno democrático. Sin embargo, dar por cierta la premisa supone pasar por alto que las manifestaciones ante domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional. La propia Amnistía Internacional, ante las críticas realizadas contra el escrache, explicaba lo siguiente: “la protesta social, sea en la forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable”

(http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/ai-pide-que-cese-la-estigmatizacion-contra-miembros-y-simpatizantes-de-la-pah/).

De esta forma, parafraseando a Durán, lo que podemos concluir es que precisamente el hecho de estar en un Estado de derecho democrático es lo que permite las protestas ante las casas de diputados.

 

En los discursos políticos, otro de los argumentos más recurridos es el emotivo. En el caso del escrache, se nos recuerda que en las casas de los diputados hay menores. Así lo hace Sáenz de Santamaría: “este tipo de protestas afectan especialmente a gente del núcleo familiar que no está en esto”, “ellos no pueden protegerse por sí solos” http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/19/espana/1366380573.html.

 

La vicepresidenta elabora su argumento sobre la base de un topos aceptado por todos: los niños son personas desprotegidas e indefensas. El principal inconveniente es que los niños desahuciados también cumplen con este topos y, sin embargo, de momento, su situación no ha sido remediada. Es decir: existe una contradicción entre la crítica de Santamaría hacia los escraches y lo que su Gobierno pone, o mejor dicho, no pone en práctica. Además, la vicepresidenta utiliza su argumento para concluir que “cuando uno se salta las normas está fuera de ese sistema de derechos y libertades que nos hemos dado”. Para llegar a esta conclusión, se recurre de nuevo a un topos: los niños son intocables. De esta forma, actuar de modo que los niños salgan perjudicados supone saltarse las normas y, por tanto, estar fuera del sistema democrático o, lo que es lo mismo, ser antidemocrático. No obstante, que los escraches puedan perturbar la tranquilidad de unos menores, en principio, no garantiza que estemos ante un fenómeno antidemocrático. En cualquier caso, la veracidad de la conclusión no parece importar demasiado cuando aquello a lo que se apela con el argumento emotivo es a un sistema de creencias y valores que juzgue la consideración como legítima.

 

El último argumento destacable contra el escrache es aquel que se funda sobre la base de la ley. El día 12 de abril, uno de los titulares de 20 minutos decía lo siguiente: “Cifuentes, ante la polémica: ‘no se sanciona por hacer escraches, sino por incumplir las leyes’”. En el artículo (http://www.20minutos.es/noticia/1785345/0/cristina-cifuentes/escraches/sanciones-expedientes/), la delegada argumenta que los escraches incumplen la ley que obliga a los ciudadanos a comunicar cualquier tipo de manifestación y que es este el motivo de las sanciones que se están interponiendo a los participantes. La premisa de la que se parte en este caso es verdadera, por lo que, en este sentido, podemos concluir la ilegalidad de los escraches no comunicados. Resulta algo contradictorio, sin embargo, que se sancione por el incumplimiento de las obligaciones del ciudadano pero no se sopese sancionar el incumplimiento de las leyes que recogen sus derechos, como el derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.

 

A estas alturas, es evidente la posición con respecto al escrache, al menos, de aquellos políticos cuyos argumentos hemos tratado. Aun así, unas últimas aclaraciones, por si queda algún despistado: el fin último es sobrevivir en la arena (y, con un poco de suerte, convertirse en leyenda). Pero la batalla se ha trasladado al terreno de la Retórica, con el fin de intentar persuadir de la ilegitimidad del fenómeno escrache. Las armas empleadas son argumentos que permitan construir un buen relato, una historia creíble y convincente sobre la realidad que vivimos. Lo que no saben es que trasladar la batalla al terreno de la Retórica nos concede la fastuosa posibilidad de discutir y, por tanto, de impedir que su relato, esa única realidad posible, se convierta en la verdad.

Estefanía Mestre